Canales de denuncias para el sector público: cumpla todos los requisitos de la Directiva UE de Protección de los Denunciantes de forma rápida y sencilla

Los empleados del sector público suelen estar sujetos a normativas individuales. Un software digital como EQS Integrity Line puede ayudarle a cumplir los requisitos de la Directiva de la UE sin ningún tipo de obstáculo, ya que ofrece el pleno cumplimiento de todas las obligaciones legales y se adapta a las particularidades del sector público.

¿Qué características debe tener el canal de denuncias para el sector público?

Seguridad

Las instituciones del sector público deben prestar especial atención a los más altos requisitos de seguridad y protección de datos para garantizar que terceras personas no puedan acceder a los datos sensibles de las denuncias, por eso contamos con la certificación ENS Categoría Alta, requerimiento legal en el uso de los medios electrónicos para entidades como la Administración Pública o empresas privadas que ofrecen sus servicios al sector público.

Personalización

El canal de denuncias debe estar adaptado a las respectivas estructuras organizativas y administrativas y permitir así un fácil procesamiento de las denuncias.

Flexibilidad

Para proteger los recursos internos, debe ser posible complementar el software con un mediador o una solución basada en la voz, si es necesario.

Anonimato

Llevar a cabo una investigación eficaz sobre posibles abusos es mucho más fácil cuando el gestor de las denuncias puede hacer preguntas de seguimiento. Un buzón digital permite a los gestores entablar un diálogo de confianza con el alertador, preservando al mismo tiempo el anonimato del mismo.

Más información sobre nuestro canal de denuncias para el sector público

Existe una gran variedad de canales de denuncia, incluyendo buzones y líneas telefónicas. Sin embargo, las soluciones basadas en la web son la forma más eficaz de cumplir todos los requisitos derivados de la legislación y la organización.

Con nuestro EQS Integrity Line, ofrecemos a las ciudades, municipios, instituciones públicas y autoridades una solución que puede adaptarse individualmente a la estructura organizativa, de modo que pueda cumplir con la Directiva UE de Protección de los Denunciantes de forma rápida y sencilla.