Proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones – Todo lo que necesita saber sobre la ley en España

El 13 de septiembre de 2022, el Gobierno español aprueba el “Proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción”, por la que se transpone la Directiva Whistleblowing. La normativa afecta a todas las empresas públicas y a las privadas con a partir de 50 empleados

Con el objetivo de evitar represalias para los informantes, daños de reputación o pérdidas económicas, las empresas deben implementar un sistema de información seguro, legal y fácil de usar que garantice la confidencialidad. Fortalezca la confianza en su empresa y evite sanciones económicas de hasta 1 millón de euros con EQS Integrity Line.

Toda la información sobre el Proyecto de Ley de protección de Informantes se encuentra en nuestro White Paper.

El Proyecto de Ley de un vistazo

Los informantes son fundamentales para preservar una sociedad abierta y transparente. El Proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción tiene como finalidad principal amparar a toda persona que informe sobre una irregularidad para evitar consecuencias negativas, como el despido, el traslado, la degradación o la intimidación.

Los puntos principales del Proyecto son:

Requisitos de obligado cumplimiento

Empresas que deben implementar un sistema de información

En el sector privado

En el sector público

Confidencialidad del alertador

Prohibición total de represalias

Sanciones económicas

Si no se llevan a cabo las medidas impuestas por ley para amparar la figura de los whistleblowers, las empresas recibirán sanciones que van desde muy graves, graves y leves:

Hasta 1 millón de euros

Sanciones muy graves

Hasta 600,000€

Sanciones graves

No se pierda ningún detalle de la ley

El órgano de administración u órgano de gobierno de cada entidad u organismo obligado por esta ley será el responsable de la implantación del sistema interno de información, previa consulta con la representación legal de las personas trabajadoras y tendrá la condición de responsable del tratamiento de los datos personales de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos personales.

Los sujetos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de esta ley proporcionarán la información adecuada de forma clara y fácilmente accesible, sobre el uso de todo canal interno de información que hayan implantado, así como sobre los principios esenciales del procedimiento de gestión. En caso de contar con una página web, dicha información deberá constar en la página de inicio, en una sección separada y fácilmente identificable.

La ley recomienda elegir en primer lugar un sistema de información interno antes que acudir a una fuente externa. En caso de ausencia de respuesta o aclaración por parte de los gestores internos de las denuncias, el informante siempre podrá acudir a las autoridades competentes para informar sobre las infracciones.

Estos pueden ser sistemas digitales, buzones o líneas de información telefónica. Los sistemas elegidos deben preservar en todo momento la confidencialidad del informante, así como del informe. Además, se debe hacer un seguimiento continuo de la información para una mayor investigación.

Es obligatorio contar con un libro – registro de las comunicaciones recibidas y de las investigaciones internas para garantizar en todo momento los requisitos de confidencialidad. El registro no será público.

Cualquier acto de represalia, como amenazas, discriminación o acoso quedan totalmente prohibidos y su incumplimiento conlleva a sanciones económicas.

Ley de Protección de Informantes en Francia y Portugal

Portugal

El país luso ya ha implementado la Ley sobre Protección de Informantes 93/2021 de 20 de diciembre de 2021, con entrada en vigor el 18 de junio de 2022. Al igual que las medidas del Proyecto de Ley en España, la nueva Ley portuguesa también tiene como principal requisito la protección del informante, así como la puesta en marcha de un canal interno de denuncias. Esta transposición se enmarca en un paquete legislativo más amplio, también publicado recientemente, referido al establecimiento del régimen general de prevención de la corrupción (regime geral de prevenção da corrupção) (RGPC) de la que surgen otras nuevas e importantes obligaciones para las empresas.  

Principales requisitos de la Ley de Protección de Informantes en Portugal

Entidades obligadas a implementar un canal de información

Todas aquellas organizaciones que entran en el ámbito de aplicación de los actos de la Unión Europea en materia de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, (por ejemplo, entidades de crédito, empresas inversoras, entidades de pago, entidades de dinero electrónico, organismos de inversión colectiva, fondos de capital riesgo o compañías de seguros). 

Requisitos que deben incluir los sistemas internos de información

Tipo de infracciones pueden ser reportadas mediante los canales de información 

Cualquier acción u omisión contraria a la normativa de la Unión Europea, referida a los ámbitos de contratación pública, servicios, productos y mercados financieros y de prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, seguridad y conformidad de los productos, seguridad del transporte, protección del medio ambiente, salud pública, protección contra las radiaciones y seguridad nuclear La seguridad de los alimentos para el consumo humano y animal, la salud y bienestar de los animales, la defensa del consumidor, la protección de la intimidad y de los datos personales y seguridad de las redes, la protección de los sistemas de información. 

Además, todos los actos u omisiones contrarios y que perjudiquen los intereses de la Unión Europea; los actos u omisiones contrarios a las normas del mercado interior, incluidas normas sobre competencia y ayudas estatales, así como las normas sobre el impuesto de sociedades de las empresas. Acciones criminales violentas, especialmente violentas y altamente organizadas, así como los delitos relacionados con la delincuencia organizada y económico-financiera. 

Principales sanciones por incumplimiento de la normativa 

En el caso del país luso, no implementar un canal de denuncias, o aplicarlo de forma incorrecta, constituye una infracción grave, sancionada con una multa que va, en el caso de las personas jurídicas, de 10. 000 a 125.000 euros, y en el caso de las personas físicas, de 1.000 a 12.500 euros. También es importante gestionar correctamente todo el proceso del canal de denuncias para garantizar la viabilidad y el seguimiento de los casos, así como la confidencialidad, y para evitar represalias o la comunicación o divulgación pública de información falsa, ya que cualquier incumplimiento de estas obligaciones constituye una infracción muy grave, sancionable con una multa que oscila entre los 1.000 y los 250.000 euros. Cualquier medida disciplinaria adoptada contra el informante hasta dos años después de la denuncia se presume abusiva. 

No se pierda ningún detalle de la ley

El órgano de administración u órgano de gobierno de cada entidad u organismo obligado por esta ley será el responsable de la implantación del sistema interno de información, previa consulta con la representación legal de las personas trabajadoras y tendrá la condición de responsable del tratamiento de los datos personales de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos personales.

Los sujetos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de esta ley proporcionarán la información adecuada de forma clara y fácilmente accesible, sobre el uso de todo canal interno de información que hayan implantado, así como sobre los principios esenciales del procedimiento de gestión. En caso de contar con una página web, dicha información deberá constar en la página de inicio, en una sección separada y fácilmente identificable.

La ley recomienda elegir en primer lugar un sistema de información interno antes que acudir a una fuente externa. En caso de ausencia de respuesta o aclaración por parte de los gestores internos de las denuncias, el informante siempre podrá acudir a las autoridades competentes para informar sobre las infracciones.

Estos pueden ser sistemas digitales, buzones o líneas de información telefónica. Los sistemas elegidos deben preservar en todo momento la confidencialidad del informante, así como del informe. Además, se debe hacer un seguimiento continuo de la información para una mayor investigación.

Es obligatorio contar con un libro – registro de las comunicaciones recibidas y de las investigaciones internas para garantizar en todo momento los requisitos de confidencialidad. El registro no será público.

Cualquier acto de represalia, como amenazas, discriminación o acoso quedan totalmente prohibidos y su incumplimiento conlleva a sanciones económicas.

Francia

En Francia los informantes ya cuentan con la Ley n°2022-401 de 21 de marzo de 2022, publicada en el Boletín Oficial el 22 de marzo de 2022. Esta ley transpone la Directiva Europea 2019/1937 a la legislación francesa. Las empresas tanto públicas como privadas que cuenten con a partir de 50 empleados, así como los municipios de más de 10.000 habitantes y todas las administraciones del Estado están obligadas a establecer un canal de información seguro que garantice la confidencialidad de la identidad del informante en todo momento. Las empresas sujetas a la ley tendrán hasta el 1 de septiembre de 2022 para cumplir con sus disposiciones.  

Si nos fijamos en el contexto, la Ley Sapin II, es decir, la Ley n°2016-1691 de 9 de diciembre de 2016 sobre la transparencia, la lucha contra la corrupción y la modernización de la vida económica, fue el primer paso hacia la protección de los informantes. El 16 de diciembre de 2020, los diputados Raphaël Gauvain y Olivier Marleix recibieron el encargo de una misión de evaluación de la Ley Sapin II por parte de la Comisión de Derecho de la Asamblea Nacional. En un informe publicado el 7 de julio de 2021 se proponen una serie de mejoras, entre ellas la transposición de la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que denuncian infracciones del Derecho de la Unión Europea, que se presenta como una oportunidad para reforzar el régimen de protección de los informantes francés. En el marco de la ejecución de este informe, el diputado Sylvain Waserman presenta el 21 de julio de 2021 su proyecto de ley ordinaria para mejorar la protección de los informantes en Francia (nº 4398 de 21 de julio de 2021) y un proyecto de ley orgánica para reforzar el papel del defensor de los derechos en materia de denuncia (nº 4375 de 15 de julio de 2021). Estos dos textos se adoptaron definitivamente el 16 de febrero de 2022. 

Principales requisitos de la Ley de Protección de Informantes en Francia 

Entidades obligadas a implementar un canal de información

Todas aquellas organizaciones que entran en el ámbito de aplicación de los actos de la Unión Europea en materia de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, (por ejemplo, entidades de crédito, empresas inversoras, entidades de pago, entidades de dinero electrónico, organismos de inversión colectiva, fondos de capital riesgo o compañías de seguros). 

Requisitos que deben incluir los sistemas internos de información 

Tipo de infracciones que pueden ser reportadas mediante los canales de información 

La Ley Francesa de 21 de marzo de 2022 permite que un informante comunique:  

Sanciones por incumplimiento de la normativa 

En Francia, la nueva Ley promulgada amplía el alcance de medidas de protección, cubriendo el ámbito profesional, y se extiende su amplitud al sector público.  

No se pierda ningún detalle de la ley

El órgano de administración u órgano de gobierno de cada entidad u organismo obligado por esta ley será el responsable de la implantación del sistema interno de información, previa consulta con la representación legal de las personas trabajadoras y tendrá la condición de responsable del tratamiento de los datos personales de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos personales.

Los sujetos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de esta ley proporcionarán la información adecuada de forma clara y fácilmente accesible, sobre el uso de todo canal interno de información que hayan implantado, así como sobre los principios esenciales del procedimiento de gestión. En caso de contar con una página web, dicha información deberá constar en la página de inicio, en una sección separada y fácilmente identificable.

La ley recomienda elegir en primer lugar un sistema de información interno antes que acudir a una fuente externa. En caso de ausencia de respuesta o aclaración por parte de los gestores internos de las denuncias, el informante siempre podrá acudir a las autoridades competentes para informar sobre las infracciones.

Estos pueden ser sistemas digitales, buzones o líneas de información telefónica. Los sistemas elegidos deben preservar en todo momento la confidencialidad del informante, así como del informe. Además, se debe hacer un seguimiento continuo de la información para una mayor investigación.

Es obligatorio contar con un libro – registro de las comunicaciones recibidas y de las investigaciones internas para garantizar en todo momento los requisitos de confidencialidad. El registro no será público.

Cualquier acto de represalia, como amenazas, discriminación o acoso quedan totalmente prohibidos y su incumplimiento conlleva a sanciones económicas.

Toda la información sobre el Proyecto de Ley de protección de Informantes se encuentra en nuestro White Paper.

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