Anteproyecto de Ley de protección de las personas que informen sobre infracciones – Todo lo que necesita saber sobre la ley en España

El 4 de marzo de 2022, el Gobierno español aprueba el «Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción», por la que se transpone la Directiva Whistleblowing. La normativa afecta a todas las empresas públicas y privadas a partir de 50 empleados y a todos los municipios.

Con el objetivo de evitar represalias para los informantes, daños de reputación o pérdidas económicas, las empresas deben implementar un sistema de información seguro, legal y fácil de usar que garantice la confidencialidad. Fortalezca la confianza en su empresa y evite sanciones económicas de hasta 1 millón de euros con EQS Integrity Line.

Toda la información sobre el Anteproyecto de Ley de protección de Informantes se encuentra en nuestro White Paper.

El Anteproyecto de Ley de un vistazo

Los informantes o “alertadores” son fundamentales para preservar una sociedad abierta y transparente. El Anteproyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción tiene como finalidad principal amparar a toda persona que informe sobre una irregularidad para evitar consecuencias negativas, como el despido, el traslado, la degradación o la intimidación.

Los puntos principales del Anteproyecto son:

Requisitos de obligado cumplimiento

Empresas que deben implementar un sistema de información

En el sector privado

En el sector público

Confidencialidad del alertador

Prohibición total de represalias

Sanciones económicas

Si no se llevan a cabo las medidas impuestas por ley para amparar la figura de los whistleblowers, las empresas recibirán sanciones que van desde muy graves, graves y leves:

Hasta 1 millón de euros

Sanciones muy graves

Hasta 600,000€

Sanciones graves

No se pierda ningún detalle de la ley

El órgano de administración u órgano de gobierno de cada entidad será el responsable de la implantación del sistema de información. La gestión del sistema interno de información podrá llevarse a cabo dentro de la propia entidad o acudiendo a un tercero externo. A su vez, cada entidad debe asignar a la persona física responsable de la gestión del sistema y de su destitución o cese.

Los responsables de los sistemas deberán informar de forma clara y accesible sobre el uso de los canales internos. Toda la información deberá constar en la página de inicio de la página web de la empresa.

La ley recomienda elegir en primer lugar un sistema de información interno antes que acudir a una fuente externa. En caso de ausencia de respuesta o aclaración por parte de los gestores internos de las denuncias, el alertador siempre podrá acudir a las autoridades competentes para informar sobre las infracciones.

Estos pueden ser sistemas digitales, buzones o líneas de información telefónica. Los sistemas elegidos deben preservar en todo momento la confidencialidad del alertador, así como del informe. Además, se debe hacer un seguimiento continuo de la información para una mayor investigación.

Es obligatorio contar con un libro – registro de las comunicaciones recibidas y de las investigaciones internas para garantizar en todo momento los requisitos de confidencialidad. El registro no será público.

Cualquier acto de represalia, como amenazas, discriminación o acoso quedan totalmente prohibidos y su incumplimiento conlleva a sanciones económicas.

Toda la información sobre el Anteproyecto de Ley de protección de Informantes se encuentra en nuestro White Paper.

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