Proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones – Todo lo que necesita saber sobre la ley en España

El 13 de septiembre de 2022, el Gobierno español aprueba el “Proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción”, por la que se transpone la Directiva Whistleblowing. La normativa afecta a todas las empresas públicas y a las privadas con a partir de 50 empleados

Con el objetivo de evitar represalias para los informantes, daños de reputación o pérdidas económicas, las empresas deben implementar un sistema de información seguro, legal y fácil de usar que garantice la confidencialidad. Fortalezca la confianza en su empresa y evite sanciones económicas de hasta 1 millón de euros con EQS Integrity Line.

Toda la información sobre el Proyecto de Ley de protección de Informantes se encuentra en nuestro White Paper.

El Proyecto de Ley de un vistazo

Los informantes son fundamentales para preservar una sociedad abierta y transparente. El Proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción tiene como finalidad principal amparar a toda persona que informe sobre una irregularidad para evitar consecuencias negativas, como el despido, el traslado, la degradación o la intimidación.

Los puntos principales del Proyecto son:

Requisitos de obligado cumplimiento

Empresas que deben implementar un sistema de información

En el sector privado

En el sector público

Confidencialidad del alertador

Prohibición total de represalias

Sanciones económicas

Si no se llevan a cabo las medidas impuestas por ley para amparar la figura de los whistleblowers, las empresas recibirán sanciones que van desde muy graves, graves y leves:

Hasta 1 millón de euros

Sanciones muy graves

Hasta 600,000€

Sanciones graves

No se pierda ningún detalle de la ley

El órgano de administración u órgano de gobierno de cada entidad u organismo obligado por esta ley será el responsable de la implantación del sistema interno de información, previa consulta con la representación legal de las personas trabajadoras y tendrá la condición de responsable del tratamiento de los datos personales de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos personales.

Los sujetos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de esta ley proporcionarán la información adecuada de forma clara y fácilmente accesible, sobre el uso de todo canal interno de información que hayan implantado, así como sobre los principios esenciales del procedimiento de gestión. En caso de contar con una página web, dicha información deberá constar en la página de inicio, en una sección separada y fácilmente identificable.

La ley recomienda elegir en primer lugar un sistema de información interno antes que acudir a una fuente externa. En caso de ausencia de respuesta o aclaración por parte de los gestores internos de las denuncias, el informante siempre podrá acudir a las autoridades competentes para informar sobre las infracciones.

Estos pueden ser sistemas digitales, buzones o líneas de información telefónica. Los sistemas elegidos deben preservar en todo momento la confidencialidad del informante, así como del informe. Además, se debe hacer un seguimiento continuo de la información para una mayor investigación.

Es obligatorio contar con un libro – registro de las comunicaciones recibidas y de las investigaciones internas para garantizar en todo momento los requisitos de confidencialidad. El registro no será público.

Cualquier acto de represalia, como amenazas, discriminación o acoso quedan totalmente prohibidos y su incumplimiento conlleva a sanciones económicas.

Toda la información sobre el Proyecto de Ley de protección de Informantes se encuentra en nuestro White Paper.

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